Los nombres de 97 víctimas de la represión ilegal durante la dictadura resonarán en las salas de la Justicia Federal de Tucumán. La Fiscalía pidió la elevación a juicio oral y público de la causa conocida como "Arsenales II".

En la causa están imputadas 22 personas por su actuación en el campo de exterminio que desde 1975 funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, del Ejército.

El requerimiento fue elaborado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, oficina Tucumán, al juez federal Daniel Bejas, que la semana pasada informó del hallazgo de una fosa común con restos humanos, algunos con las manos atadas, dentro del Arsenal, mezclado con material que indica que fueron fusilados y luego quemados.

Roberto Heriberto Albornoz, condenado a cadena perpetua este año por el homicidio de Margarita Azize Weiss y Juan Carlos Aguirre, estará otra vez en el banquillo. También se juzgaría al escribano prófugo Juan Carlos Benedicto.

 Entre los enjuiciables está el general retirado Ernesto Arturo Alais, que en 1987, como comandante del II Cuerpo recibió la orden de reprimir la sedición de los "carapintadas" en Semana Santa y nunca llegó a destino con su caravana de tanques.

El escribano Benedicto, ex integrante de Concentración Nacional Universitario (CNU) está acusado de torturas seguidas de muerte a, por lo menos, dos mujeres, una de ellas embarazada.

Benedicto, de 54 años, había sido trasladado de la cárcel común de Villa Urquiza a un hospital privado, tras un supuesto intento de suicidio, pero a principios de mes se fugó del nosocomio y actualmente permanece prófugo. Hoy el juez Bejas lo declaró "en rebeldía". Mientras se espera que se lo recapture, el proceso sigue su marcha, explicó Camuñas.

Los otros 19 acusados son los militares Miguel Alfredo Manuel Paz, Camilo Ángel Colotti, Ariel Rolando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco, Augusto Leonardo Neme, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Hugo Enzo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, más el policía Albornoz.

"La diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país", resaltó el ministerio público.

También indicó en la acusación "una particular atención al funcionamiento de centros clandestinos en el sur de la provincia (Santa Lucía, Caspinchango, Nueva Baviera) a cargo del Regimiento 19 de Infantería y a la manera en que las personas secuestradas por los imputados y sus subordinados eran trasladadas desde estas localidades al Arsenal, en algunos casos para su exterminio físico".

La metodología represiva, según los fiscales, incluía "la ejecución sumaria extrajudicial y el ocultamiento de los cadáveres para borrar las huellas de los delitos (...) dinámica de desaparición forzada de personas ejecutada de manera masiva por una asociación ilícita montada sobre el aparato estatal".

"Quizás lo más relevante sea, a partir de los impactantes hallazgos de fosas comunes, la comprobación de las condiciones en que fueron ejecutadas algunas de las víctimas", sostuvo la acusación.

La Fiscalía consideró demostrado "que se actuó con las víctimas en un total estado de indefensión (prueba de ellos son los restos de ataduras halladas en las extremidades de los cadáveres) y con el fin de borrar los rastros del delito, para lo cual no sólo fueron incinerados los restos sino que además pudo registrarse con claridad remociones posteriores efectuadas por medios mecánicos".

Por último, solicitó que "se incluya en el debate oral el tratamiento de los delitos sexuales de que fueron víctimas las mujeres cautivas en el CCD Arsenal, visibilizando de esa manera una metodología particularmente aberrante de violencia de género por parte de los ejecutores". (LA GACETA - DyN)